Por Mauricio Polchi
En la misma dirección que las y los familiares de las víctimas, y tal como se esperaba, el fiscal Arrigo pidió entre 10 y 11 años de cárcel para los ex funcionarios Jaime y Schiavi. Además, solicitó penas similares para los empresarios Cirigliano, y 3 años para el maquinista Marcos Córdoba.
Alegato 1
El tren a toda velocidad, los cuerpos aplastados, el griterío en la estación, los fierros retorcidos, la búsqueda por los hospitales, por los noticieros, por la morgue; el descontrol del Estado, el maltrato al pasajero, el salvajismo empresarial, el tráfico de influencias. Esas penosas secuencias se sucedieron, audiencia tras audiencia, durante tres años, en el juicio por la tragedia de Once. Y esas dolorosas descripciones, evidentemente, moldearon el pedido de condenas para los acusados.
Este martes 29 de septiembre, luego de un largo alegato que se extendió por dos semanas, el fiscal Fernando Arrigo pidió duras penas para ex funcionarios, empresarios y el maquinista. “Los riesgos fueron en la conducción, en la explotación y en el control”, había expresado el día lunes, y con esa frase adelantó que ante el Tribunal Oral Federal 2 pediría castigar a los 28 imputados por el accidente ferroviario que costó la vida a 51 personas el 22 de febrero de 2012.
Los riesgos fueron en la conducción, porque no se aplicó el freno de emergencia al entrar a la estación; en la explotación, por las falencias del tren Chapa 16 en el momento del accidente, y en el control, porque la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) no evaluaba la calidad del servicio y no garantizaba la seguridad operativa”, amplió el fiscal durante sus exposición.
El representante del Ministerio Público requirió 11 años de prisión para ex Secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y 10 años y 10 meses para Juan Pablo Schiavi, su sucesor en el cargo.
Además, solicitó para Sergio Claudio Cirigliano, titular de Trenes de Buenos Aires (TBA), 10 años y 11 meses de prisión, y para su hermano Mario, de la misma empresa, 10 años y 6 meses.
Tal como se esperaba, Arrigo les atribuyó los delitos de “defraudación contra administración pública por administración fraudulenta” y “estrago culposo agravado por resultado de lesionados graves y muerte”.
En tanto, para el maquinista Marcos Córdoba, reclamó 3 años y 8 meses de cárcel al considerarlo responsable del delito de “estrago culposo” por el choque de la formación.
Alegato 2
“La formación que colisionó en Once fue puesta en línea en pésimo estado. De haberse cumplido con el mantenimiento, no hubiesen ocurrido las consecuencias del 22 de febrero de 2012”, dijo Arrigo ante el tribunal. “Se puede comprobar que los frenos del Chapa 16 no funcionaban correctamente; hubo evidencia de fallas o defectos”, explicó.
El fiscal basó gran parte de su fundamentación en videos y mails que intercambiaron varios de los imputados. En uno de los correos electrónicos, y después de enumerar una serie de irregularidades, Roque Cirigliano escribió: “La actualidad está condenando a la inactividad de dos formaciones completas (Chapa Nro 9 y Nro 16)”. Ese mensaje fue enviado a las 9.21 del 17/02/2012, cinco días antes de la tragedia. Esa misma semana, y con la tarjeta corporativa de TBA, gastaron más de 6472 dólares en joyas, según se desprende de las conclusiones de los peritos. En términos generales, ese es el valor de los compresores que le faltaban al tren Chapa 16.
Con estos pedidos, el fiscal adopta una postura particular frente a las otras cuatro querellas que representan a los familiares, las cuales realizaron pedidos divididos de condenas para los acusados.
Las dos primeras requirieron penas de 22 años para el maquinista Córdoba, por considerarlo el único responsable del siniestro ferroviario de febrero de 2012.
Frente a estos se ubicaron los otros dos grupos. Los que representan Lelia Leiva y Leonardo Menghini (tío de Lucas Menghini Rey, el joven que fue encontrado entre los restos del tren dos días después del choque) exigieron 18 años para Sergio Cirigliano, 15 para Jaime y Schiavi, y entre 16 y 10 para el resto. La abogada Patricia Anzoátegui, reclamó 10 años y 11 meses para los ex funcionarios y empresarios. Pero ninguno apuntó contra el motorman.
“Nosotros creemos que Córdoba tiene un grado de responsabilidad, y entendimos que su responsabilidad era menor en comparación al resto de los procesados por eso, y porque consideramos que estaba probado, les adjudicamos ‘estrago doloso’ y los acusamos por esa figura. Y si bien en esa figura no entraba el maquinista, sí consideramos que él tiene que dar respuestas a la justicia”, aclaró María Lujan Rey, madre de Lucas.
Alegato 3
Arrigo consideró que “la actividad de los funcionarios públicos en general debe ser examinada con mayor rigurosidad por cuanto todo desvío o abuso funcional resulta un quebrantamiento a la confianza pública que toda actividad estatal debe merecer”.
Como Jaime ya tiene una condena a seis meses de prisión en suspenso, Arrigo propuso que la pena de 10 años y 10 meses que pidió ahora se unificara en una sola de 11 años de cárcel y 11 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Para los ex responsables de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sicaro, reclamó diez años y seis meses y diez años de prisión respectivamente.
El fiscal pidió además penas de entre nueve años y diez años y seis meses de prisión para todos los procesados que integraban el directorio de la empresa concesionaria TBA y de la firma controlante Cometrans.
Luego de esta instancia, el juicio se reanudará el próximo 5 de octubre con el inicio de los alegatos de las defensas.
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