Por Nadia Fink
Cerca de cumplirse los cuatro años de la desaparición de Daniel Solano en Choele Choel, Río Negro, el juez dictó la sentencia de elevación a juicio y autorizó la pesquisa de un jagüel donde un testigo señala como posible que se hallen los restos del joven trabajador.
¿Qué piensa Gualberto Solano? ¿De dónde saca fuerzas para resistir el crudo invierno de la Patagonia, tan lejos de su cálida Salta natal, más lejos aún del abrigo de su comunidad guaraní? ¿Cuánto pueden burlarse funcionarios judiciales, políticos, fuerzas de seguridad de un padre a la espera de una respuesta? ¿Cuántas huelgas de hambre debió atravesar su frágil salud para obtener un poco de lo que en estos pagos suele llamarse “justicia”? Sin embargo, los ojos negros de Gualberto, tan iguales a los de Daniel, esconden la emoción y siguen aguardando. Vuelve a acomodar la manta en el frío de Río Negro y sabe que su resistencia no conoce de tiempo.
La semana pasada volvió a tenerlo al padre de Daniel Solano como protagonista de una huelga seca en la puerta del Juzgado de Instrucción N° 30. Es que el juez Julio Martínez Vivot, como regalo del día del amigo, el 20 de julio pasado, había decidido reducir el monto de fianza de 400.000 a 250.000 para las excarcelaciones bajo caución de los siete policías procesados. Medida que la Cámara Criminal Tercera de Roca avaló el jueves pasado. Sumado a eso, el mismo juez había denegado la inspección en el jagüel del campo “La Manuelita”, donde un testigo afirma que se encuentran los restos de Daniel. Luego de dos días, y de una prolongada reunión, el 18 de agosto el juez autorizó que la inspección se realizara el próximo miércoles 26 de agosto, con la presencia de peritos oficiales y del geólogo salteño Walter A. Ovejero, perito de parte de la querella.
En el medio de todo eso, el juez había tomado otra decisión: luego de un proceso de instrucción que llevó casi cuatro años de pesquisas, elevó el caso a juicio a la Cámara Segunda del Crimen de General Roca “por desaparición forzada de personas” (una carátula que fue modificada con el paso del tiempo, porque en al principio se hablaba con todas las letras de “homicidio agravado”). Así, se espera que dentro de unos mese tenga lugar el juicio contra los siete policías procesados: Sandro Gabriel Berthe, Pablo Federico Bender y Juan Francisco Barrera por considerarlos autores de los delitos de vejaciones, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de personas. Pablo Andrés Albarrán Arcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente Cuell, como partícipes necesarios de los delitos de vejaciones, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de personas. Héctor César Martínez como partícipe secundario en los mismo delitos pero se le suma el de “abuso de autoridad”, por haber sido Jefe de la Comisión Investigadora al inicio de la causa, y que como tal desvirtuara elementos de prueba ocultando, informando falsas hipótesis (por ejemplo, un viaje de Solano a otra provincia porque era “un picaflor”) y obstaculizando la investigación.
Por su parte, Gualberto y sus abogados vienen solicitando que se investigue el resto del entramado de mafias y complicidades. En ese sentido, la cédula elevada por el juez, aclara: “La documentación que corresponda a las Empresas Agrocosecha, Trabajo Argentina y/o a la Delegación de Trabajo de Lamarque y/o Consejo de la Magistratura deberán quedar reservadas en Secretaría para la investigación de la segunda etapa del proceso”.
Casi cuatro años atrás
Ese septiembre de 2011, era la tercera vez que Daniel se subía al colectivo para viajar hacia Río Negro a la temporada de raleo y cosecha de manzanas, casi 2300 km hacia el sur. Había que completar el micro con sesenta trabajadores. El puntero de la zona (algo así como un caporal) fue el encargado de hacer el reclutamiento para Agrocosecha SRL (una empresa que falsamente se hace llamar “cooperativa”), que a su vez terceriza el servicio para la multinacional Univeg Expofrut SA, ubicada en Lamarque, hacia donde iban a llegar en unos días los salteños.
Además de la esperanza de un empleo estable por un tiempo, los trabajadores partieron cargando su colchón y sus sábanas: los esperaban cuatro meses en unos galpones llamados “gamelas”, con capacidad para apiñar a 200 personas en camas cuchetas, pegadas unas a otras, con un pequeño lugar de duchas y tres inodoros. Allí llegan cada año 400 trabajadores golondrina de comunidades indígenas de Salta y de barrios humildes de Tucumán y de Santiago del Estero. Allí, en Lamarque, muy cerca de la que fuera la casa natal de Rodolfo Walsh.
Cuando los trabajadores cobraron sólo 800 de los 1800 pesos prometidos en la partida, Daniel Solano alzó la voz. Y por eso mismo está desaparecido desde el 5 de noviembre de 2011, cuando fue sacado por la policía de Macuba, el boliche de Choele Choel, a las tres de la mañana. Entramados de complicidades entre las empresas frutícolas que explotan el trabajo golondrina, empresarios de la noche, fuerzas policiales de élite y jueces que hacen la vista gorda tiene la historia de Daniel. Y también, la de un pibe de 26 años que reclamó por un sueldo pagado a medias, que viajó en búsqueda de un trabajo digno y que intentó ser solidario hasta el final…
“Yo quiero que me den una respuesta y me voy”
Esas fueron las palabras de Gualberto a seis meses de haber llegado a Choele Choel desandando el camino que había trazado su hijo. “Ya perdí a mi hijo, perdí mi trabajo…”, contaba, avisando que ya no tenía nada que perder y que de ahí no se movería. Con él llegó su hermano Pablo, quien permanece a su lado. En ese tiempo también llegó el abogado Sergio Heredia desde Salta, y avisó que no se iría hasta que algo empezara a desenredarse, a saberse… Heredia es otro de los que se quedaron.
Y otra vez, la solidaridad de vecinas y vecinos de Choele Choel volvió a estar presente en ese entonces y la semana pasada: desde la pintadas que decían un “No a la libertad de los 7 policías”, desde el abrazo solidario que realizaron en el acampe que la familia sostiene desde 2011, desde el nacimiento de la Comisión por la aparición de Daniel Solano (una forma, también de estar unidas y unidos ante las permanentes amenazas por parte de las familias y compañeros de los policías –aún– presos).
En estos años de dilaciones de la justicia, de pedidos de nulidad por parte de la defensa, incluso ante el argumento de que no había una muerte certificada (un papel o un cuerpo que demostraran lo que testigos y vecinas y vecinos de Choele gritan a viva voz) los poderes de turno (los del Estado, los de las empresas frutícolas, los del boliche Macuba, los policiales) creyeron ver en su estrategia una prueba de resistencia para esa familia pobre e indígena. Tal vez pensaron que se cansarían, que se rendirían, que se les terminarían los recursos. Se nota que nunca miraron a Gualberto a los ojos, para ver en el fondo, el temple de su voluntad.
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