Por Orlando Agüero
Si no hay Justicia, hay Juicio Ético dicen desde la Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi. En este caso, a Luis Genoud, quien fuera Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires durante la represión de 2002 en el Puente Pueyrredón, hoy miembro del Consejo de la Magistratura Provincial y candidato a Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
En la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, se encuentran los tribunales bonaerenses. En ese edificio, que ocupa toda la manzana de la calle 13 y 47, funciona la Corte Suprema de Justicia provincial. Unos parlantes negros sobre la escalinata que sube hasta la entrada principal suenan con fuerte música, mientras una cantidad muy importante de personas va ocupando totalmente la vereda donde se ubica el palacio judicial. Los rostros que transitan esta avenida no son usuales, o por lo menos no forman parte del paisaje diario. Es que muchos hombres y mujeres de distintos barrios del conurbano se acercaron al lugar para presenciar el Juicio Ético que la Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi tenían programado realizar.
El acusado era Luis Genoud. Los motivos: su colaboración con la Dictadura Militar y su responsabilidad política mientras era Ministro de Seguridad de la provincia, en el momento en que gobernaba Buenos Aires Felipe Solá y eran asesinados los militantes populares Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. En la actualidad, Genoud es el presidente del Consejo de la Magistratura bonaerense.
En los pasillos, donde se cruzan y se mezclan los comentarios judiciales y políticos, expresan que en una futura gestión sería un firme candidato a ocupar la presidencia de la Corte Suprema de justicia de la Provincia de Buenos Aires.
El Tribunal Ético
Los miembros del tribunal realmente poseían un alto caudal ético. El Jurado formado por Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Alfredo Grande, psiquiatra, actor teatral y periodista, fueron quienes tuvieron a su cargo evaluar las acusaciones perpetradas por la fiscalía, que en este caso estuvo a cargo de Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Fueron cinco los testigos que declararon, entre ellos Roberto Martino, referente del Movimiento Teresa Rodríguez.
Martino fue partícipe de la jornada de lucha del 26 de junio de 2002 en Avellaneda, donde se llevó a cabo la represión que les costó la vida a Kosteki y Santillán y en la que fueran heridos con balas de plomo alrededor de treinta personas. Su relato trajo a la memoria de todos quienes escuchaban su testimonio lo acontecido en aquella jornada. El asesinato de Javier Barrionuevo en Esteban Echeverría a principios de 2002 y un compañero baleado frente al municipio de Lanús fueron, según él, la antesala que presagiaba lo que iba a suceder en el Puente Pueyrredón. Finalmente, cerró su alocución con la seguridad de que aquella brutal represión fue sin dudas una operación planificada desde las más altas esferas del poder político.
Luego fue el turno de Nélida Bartucci, hermana de Francisco Bartucci, detenido desaparecido de la localidad de Florencio Varela. En su testimonio expuso que su hermano era compañero y amigo de Genoud. Militaban juntos en la Tendencia Peronista. Su hermano sabía lo que se estaba jugando por aquellos tiempos de la década de 1970. La recomendación sugerida por él a su hermana era que si le pasaba algo, que lo fuera a ver a Luis Genoud, que era su amigo, y que él la iba a ayudar. Sin embargo, en su relato deja bien en claro que lejos de recibir ayuda, solo recibió un terrible interrogatorio por parte de Genoud en una comisaría de Varela, tras lo cual a Nélida Bartucci no le quedó ninguna duda de la responsabilidad del acusado en la delación y la entrega de la vida de quien supuestamente era, por aquellos tiempos, su compañero.
También declararon como testigos María Esther Mazza y Nicolás Marcioni, miembros de las organizaciones Patria Grande y Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional respectivamente, quienes pusieron de relieve la salvaje represión de 2002 y la responsabilidad política del acusado en aquellos crímenes.
Finalmente, la ronda de testificaciones fue cerrada por Leonardo Santillán, hermano de Darío (Santillán) y militante del Frente Popular Darío Santillán, quien sostuvo el carácter planificado de la masacre de Avellaneda, y remarcó que no solo Luis Genoud es uno de los responsables políticos de los asesinatos, sino que la lista incluye varios otros funcionarios del gobierno, entre ellos al presidente de la nación de aquel momento, Eduardo Duhalde.
El veredicto
Antes de expresar la decisión del Jurado, Alfredo Grande le cedió la palabra a Nora Cortiñas. Ella adelantó que se va a presentar ante los Tribunales de Comodoro Py para contarle a la fiscal que investiga la causa federal por las responsabilidades sobre los crímenes, que el mismo día de la represión, al mediodía, apenas comenzado el ataque de las fuerzas represivas sobre los manifestantes, llamó al gobernador Felipe Solá, quien le respondió que se quedara tranquila, que era un enfrentamiento entre los propios piqueteros. Esta temprana respuesta de Solá desnuda que ya estaba preparado el relato que más tarde iba a intentar difundir el gobierno a través de los medios hegemónicos. Inmediatamente Grande, justificó la falta de defensa que tuvo el acusado, poniendo sobre la escena el grado de ofensa que sería instalar un defensor delante de familiares y compañeros de las víctimas. Finalmente, y luego de escuchar a los testigos y las acusaciones de la fiscalía, el jurado decidió condenar a Luis Esteban Genoud como Culpable de las desapariciones de personas en la última dictadura militar en Florencio Varela y responsable necesario de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en Avellaneda.
Sin ninguna duda, los Juicios Éticos configuran un camino que alternativiza a la lentitud y la falta de justicia del poder judicial de la Argentina. Es la condena social que cae sobre responsables de crímenes aberrantes. Pero, además, son un llamado de alerta sobre la Justicia formal; son las voces populares que les avisan a jueces y fiscales que avancen en la administración de justicia en serio, porque si no hay Justicia, hay Juicio Ético.
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