Por Mariana Relli
Después de las tomas en el barrio Villa Elvira, La Plata; la marcha que realizaron ayer vecinas y vecinos junto a organizaciones sociales, frente a las maniobras punteriles del intendente, el reclamo sigue siendo el mismo: vivienda y dignidad
La escena se repite: grupos más o menos numerosos de familias se organizan, se animan mutuamente, arriesgan sus vidas y las de sus hijos y deciden encarar la toma de un terreno en desuso. El objetivo es el mismo: tener un lugar donde vivir, una casa en la que criar a las y los chicos, un espacio donde realizar actividades que puedan sumar unos pesos más a la economía familiar, un barrio por el que transitar…
Las respuestas (idénticas) no tardan en llegar: los vecinos que no se enojaban por convivir con un terreno abandonado, se irritan porque se viola la propiedad privada (“algún dueño debe tener”), la policía acude de inmediato a proteger lo mismo (“esas tierras deben ser de alguien”), la prensa local “informa” sobre los hechos con textos casi calcados (“al cierre de esta edición se intentaba dar con el paradero del propietario”), centrados en la indignación de quienes no quieren convivir con “los usurpadores” y reclaman que en ese terreno se construya una plaza. Por su parte, los gobiernos municipal y provincial a veces acceden a eternas reuniones en las que se explica que el problema del déficit habitacional es muy grande, que no son ustedes las únicas familias con problemas, que luego de verificar si realmente están tan necesitadas como dicen estarlo, verán si pueden acercar alguna propuesta de solución que contemple los casos particulares… hasta se le oye decir a algún funcionario que en lo teórico estamos de acuerdo con eso del derecho a la vivienda, pero que en la práctica poco podemos hacer, viste.
En la madrugada del jueves 15 de octubre, unas ciento veinte familias organizadas en el Frente Popular Darío Santillán – Corriente Nacional emprendieron la toma de un terreno ubicado en Villa Elvira, partido de La Plata. En minutos ya estaba allí la policía convocada por la indignación vecinal y decidida a expulsarlas. Desalojo mediante, los políticos municipales y provinciales les concedieron una reunión a la que no llegaron con ninguna propuesta de solución y sí con un sinfín de frases estudiadas para dilatar el tema, evitando actuar durante la semana previa a las elecciones. Las familias decidieron permanecer en un acampe al costado del terreno y hacer oír sus demandas, así pasaron el fin de semana –bajo el asedio, amenazas e insultos de los punteros que responden al intendente Pablo Bruera– y ayer martes por la mañana, junto a otras organizaciones solidarias con el reclamo, marcharon por el centro platense exigiendo tierra y vivienda para vivir.
Interpelan al gobierno provincial y municipal, les piden soluciones ante esta situación estructural de la que son responsables por operar siempre en lo superficial y no ir a las causas profundas del problema, dejando que sea el mercado el mecanismo de asignación de lugares donde vivir en la ciudad.
El terreno en cuestión es uno de los tantos que en La Plata se encuentran durmiendo el sueño del engorde especulativo: la ciudad se expande y con ella la infraestructura, los servicios, los equipamientos y todo eso va revalorizando el suelo que consume y sus entornos. Los propietarios de los terrenos no hacen más que esperar el momento adecuado para capitalizar esa renta y meterla en sus bolsillos. Años, décadas enteras pueden pasar hasta que se deciden a movilizar ese suelo, construir algo en él, ponerlo a la venta o aceptar la oferta de compra de algún interesado. El tiempo es lo de menos para ellos: ya tienen casa, tienen barrio, son gente de la ciudad, y no hacen más que disfrutar de una posibilidad que les brinda un sistema normativo que valora mucho más la propiedad inmueble que la vida de las personas. Estos propietarios no hacen nada ilegal, esperan y luego embolsan rentas, ese es “su derecho”, el derecho a apropiarse de manera privada de la valorización generada con el esfuerzo colectivo.
Mientras tanto –y ante la demanda de las empresas constructoras e inmobiliarias, de los que quieren invertir “en ladrillos” y de las familias que necesitan un lugar donde vivir y cuentan con alguna capacidad de ahorro y/o han sido beneficiadas por el Pro.Cre.Ar– los precios del suelo urbano no detienen su crecimiento. Más se construye, más difícil es acceder a la tierra y la vivienda en la ciudad para las trabajadoras y los trabajadores precarizados y de menores ingresos.
En los últimos años, La Plata se ha convertido en el paraíso de los negocios inmobiliarios. La gestión de Pablo Bruera se ha apoyado muy fuertemente en los beneficios producto de la adecuación del Código de Ordenamiento Urbano a los intereses de las empresas constructoras e inmobiliarias y, más recientemente, con las maniobras para la habilitación de suelo que pueda ser afectado al programa Pro.Cre.Ar. (cambio de uso de rural a residencial de predios alejados de la trama urbana, permisos de subdivisión de fracciones rurales compradas en condominio), totalmente convenientes para los propietarios de suelo periférico.
Mientras tanto, las necesidades de las familias con menos recursos, las que aún esperan los beneficios de la década ganada, aquellas que siempre quedan afuera del mercado y de las políticas habitacionales, se siguen pensando como problemas que nada tienen que ver con el funcionamiento general del mercado de suelo en la ciudad. Durante la década de mayor expansión de la construcción, se multiplicaron las villas y asentamientos, y con ellos las condiciones de vida deficitarias de miles de familias, pero la conexión existente entre estas dos realidades no parece importarles a los gobiernos de turno. La persistencia de masas vulnerables y susceptibles de ser captadas por los aparatos clientelares es un banquete al que el gobierno municipal liderado por los hermanos Bruera no quiere renunciar.
Por su parte, el avance en materia de herramientas para participación en las valorizaciones inmobiliarias generadas por la acción urbanística que se incluyen en la ley de Acceso Justo al Hábitat de la provincia de Buenos Aires (Ley 14.449) se ve contrarrestado por la falta de decisión política para ponerla en marcha con todo su potencial. No es casualidad tampoco que uno de los principios rectores en los que se sostiene el articulado de la Ley, el de función social de la propiedad –que implica someter los intereses de particulares en pos de garantizar el bienestar general–, haya sido erradicado de la discusión para la reforma del Código Civil de la Nación, perdiendo la oportunidad histórica de incorporarlo.
Mientras impere la lógica especulativa en materia de suelo urbano, mientras sea el mercado desregulado el mecanismo asignador de lugares en la ciudad para los distintos sectores sociales, y mientras la política habitacional no contemple a los de abajo, quienes menos recursos tienen utilizarán las únicas armas de las que no se los puede despojar: la organización y la lucha por sus derechos. Como en Villa Elvira y en cientos de barrios de la periferia platense, el reclamo seguirá siendo por tierra y vivienda para la vida, no para los negocios.
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